Argentina Campos – Los extranjeros ahora podrán comprar otro 7% de tierras
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Argentina Campos
Es porque se terminó el inventario de Argentina Campos que exigía la ley de tierras. Equivale a la superficie de más de tres provincias
Lejos del tono populista y de la pompa con que se anunció la sanción de la ley de tierras a fines de 2011, el Gobierno terminó en febrero el inventario nacional de tierras rurales, una herramienta que exigía la misma norma para poder ser aplicada. Se trató de un censo cuyo resultado, ahora, permite saber cuánto suelo hay en poder de extranjeros y cuánto es lo que todavía puede ser vendido a inversores foráneos, con activos naturales incluidos.
Clarín accedió a los detalles del conteo, aún no oficializado.
La Argentina tiene una superficie de 270 millones de hectáreas. Según el relevamiento, el 8% –21 millones aproximadamente– se encuentra en manos de titulares de otras nacionalidades. Y un 7% restante –20 millones o el equivalente a todo Paraguay o el Reino Unido – ya puede ser vendido a inversores de todo el mundo porque la misma ley así lo permite.
La ley 26.737 llegó al Congreso por pedido mismo de Cristina después de que, durante muchísimos años, diferentes organizaciones civiles exigieran al Estado una normativa que pusiera límites a las compras forasteras; y que permitiera discutir el uso de los suelos en el país, la concentración en pocas manos, la protección de los recursos naturales y la distribución y el acceso a la tierra para vivienda. Pero la norma, finalmente, sólo se limitó a establecer límites, o pautas, para las compras foráneas, algo señalado como válido pero insuficiente por los críticos de la ley. El espíritu de la reglamentación quedó definido en su artículo 8, donde se establece queno podrá pertenecer a extranjeros más del 15% del territorio nacional. Es decir que frente a un 8% extranjerizado, lo que puede venderse ahora es casi la misma cantidad de tierras que hasta ahora se vendió.
“El 28 de febrero terminó el relevamiento de tierras rurales que habilita al Registro Nacional de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley) a evaluar los pedidos de emisión de ‘Certificados de Habilitación’ para la adquisición de tierras rurales. Respecto de este punto, se nos informó que no se ha alcanzado el límite del 15% y que la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros ronda el 8%”, confirmó a ClarínPablo González del Solar, director en el área de Tax & Legal de PwC Argentina, asesor del inventario.
Se entiende por tierra rural a todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización. El RNTR, dependiente del Ministerio de Justicia y organismo que centralizó el inventario, relevó todas las tierras rurales del país, con excepción de Ciudad de Buenos Aires (que no las tiene) y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. “El inventario –explicó Del Solar– se hizo consultando registros de la propiedad inmueble de cada provincia, la dirección de personas jurídicas y los catastros provinciales. Las ventas a extranjeros estuvieron suspendidas mientras se hacía el inventario, asique todo indica que se reactivaría un sector fuerte inmobiliario”.
La información puede ser auspiciosa para un mercado de bienes raíces paralizado. Pero es también la contracara de los reclamos por la tierra encarnados en comunidades indígenas de todo el país. Desde hace tiempo, referentes de pueblos originarios exigen por un censo de territorios indígenas inconcluso. Peor aún: hace un año, Clarín reveló un informe de la Auditoría General de la Nación que señalaba que se habían gastado más de 24 millones de pesos en ese censo y que sólo se había hecho el 4% (ver “Un censo…”).
La ley de tierras limita las compras foráneas, pero no habla sobre comunidades ni protección de ríos, lagos, montañas.
Su espíritu, por lo tanto, parece netamente inmobiliario.
“Lo anticipamos en el Congreso: esta ley estaba lejos de cumplir lo que proclamaba y venía a legitimar la enorme extranjerización de los últimos años”, explica el titular de la Asociación de Abogados Ambientales, Enrique Viale, y finaliza: “El lado más perverso de estas normas es que, una vez sancionada, el Gobierno Nacional clausura el debate, lo que evita llegar a una real solución de fondo”.
El Clarin
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